El pasado martes, un grupo de constituentes de diversas partes del estado se reunió en las escalinatas de la Casa Estatal de Vermont para exigir cambios o incluso la derogación total de la Acta 181. Esta legislación, aprobada en 2024, fue vetada por el gobernador Phil Scott, pero logró avanzar gracias a una supermayoría democrática en ese momento.
Controversias en la legislación
La ley en cuestión introdujo modificaciones en el uso del suelo y el desarrollo de viviendas. Sin embargo, algunas provisiones aún no han entrado en vigor, lo que ha despertado el interés del gobernador y de ciertos legisladores para modificar o detener esos cambios antes de su implementación. Entre estas provisiones se encuentra la Jurisdicción de Construcción de Caminos, conocida como “regla de caminos”, que se activará en julio de este año.
Según la normativa actual, si un propietario desea construir un camino privado de 800 pies de longitud o un acceso de 2,000 pies, debe obtener un permiso bajo la Acta 250. Adicionalmente, están las reglas de mapeo que identificarán áreas naturales críticas. La Junta de Revisión de Uso del Suelo de Vermont planea finalizar este mapa durante el verano, y ciertos desarrollos podrían requerir revisión bajo la Acta 250, lo cual entraría en vigor en diciembre de este año.
Impacto en los propietarios
“Nuestro propiedad está efectivamente prohibida de un desarrollo adicional, impidiéndonos construir, crecer o crear basándonos en nuestros sueños sin pesados permisos de personas que nunca hemos conocido”, declaró Ashley LaRoache de East Concord.
Los manifestantes en las escalinatas del Capitolio argumentaron que el proceso de la Acta 250 es tanto costoso como tardado. LaRoache continuó diciendo: “Se siente como si estuviéramos congelados en el lugar”.
Los senadores Anne Watson (D/P-Montpelier) y Laura Sibilia (I-Dover) enfrentaron gritos de desaprobación de algunos de los cientos de asistentes. Ambos legisladores enfatizaron que desean colaborar con los constituyentes, pero también están preocupados por las consecuencias de la legislación, que podría conducir a la gentrificación en áreas rurales del estado.
