En el último año, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus esfuerzos para revertir la transición hacia energías limpias. Su administración ha priorizado la expansión de industrias como el petróleo, el gas y el carbón, así como el desarrollo de la energía nuclear, en lugar de fomentar la energía renovable.
La respuesta judicial ante las restricciones
Sin embargo, estas acciones han encontrado una fuerte resistencia tanto pública como legal. En abril, la jueza federal Denise J. Casper, con sede en Massachusetts, desestimó los intentos de la administración Trump por limitar el despliegue de proyectos de energía renovable. Según la jueza, era ilegal que el secretario del Interior, Doug Burgum, tuviera que aprobar personalmente todos los proyectos de energía solar y eólica en tierras y aguas federales.
Casper argumentó que las decisiones de la administración anterior probablemente violaban leyes federales y que, si no se intervenía, podrían causar daños irreparables al sector. La administración había alegado que era necesario un mayor control sobre los nuevos proyectos para contrarrestar el trato preferencial que recibían las energías renovables durante el gobierno de Biden.
El impacto de la demanda colectiva
El litigio fue presentado en diciembre por una coalición de desarrolladores de energía eólica y solar, que incluye organizaciones como la Alianza por la Energía Limpia de Nueva York y la Asociación de Energía Renovable del Sur. Este grupo temía que las nuevas políticas pudieran poner en peligro el desarrollo de proyectos de energía solar y eólica, argumentando que Burgum favorecía a los combustibles fósiles y buscaba retrasar la transición energética en favor del petróleo y el gas.
La demanda cuestionó seis acciones finales de la agencia que relegaban a las tecnologías de energía eólica y solar a un estatus de “segunda clase”. Según la evaluación, la administración Trump había causado la demora o cancelación de aproximadamente 57.2 GW de capacidad en proyectos de energía renovable, lo que representa cerca de $905 millones en inversiones.
Casper mencionó: “Los demandantes han demostrado que el interés público favorece un alivio preliminar de las acciones de la agencia porque estas perjudican al público al retrasar y prevenir el desarrollo de proyectos de energía eólica y solar en Estados Unidos”.
La jueza también destacó que las restricciones impuestas a la energía renovable podrían amenazar entre $8.4 mil millones y $25.6 mil millones en créditos fiscales federales para el desarrollo de energías limpias en los próximos tres años. Esto pone de manifiesto la importancia de seguir avanzando en la implementación de soluciones energéticas sostenibles.
